LA ALIMENTACIÓN EN MEDIO DE LA PANDEMIA

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Según las normas internacionales de derechos humanos, toda persona tiene el derecho fundamental a no padecer hambre y recibir una alimentación adecuada. Sin embargo, más de 820 millones de personas pasan hambre a diario (1 de cada 9 en todo el mundo). Eso significa que el compromiso internacional estipulado en la Agenda para el Desarrollo Sostenible de acabar con este flagelo antes de 2030, al parecer no se va a cumplir.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible conocida por sus siglas en inglés como ODS, fue aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entrando en vigor el 1 de enero de 2016. El pacto suscrito por los 193 Estados miembros de la ONU establece el plan de acción más completo planteado hasta el momento para acabar con la pobreza extrema, reducir la desigualdad y cuidar el planeta, para lo cual se hizo el llamado a adoptar con urgencia medidas para cumplir los 17 objetivos establecidos en el acuerdo. No obstante, los problemas continúan en aumento y la situación alimentaria se agrava con la crisis ocasionada por el COVID-19.

Y es que la pandemia ha sacado a la luz las falencias de los sistemas alimentarios de todo el mundo, evidenciando que, a diferencia de lo ocurrido en otras situaciones de crisis, no se trata de un problema de escasez sino de ausencia de posibilidades de acceso para todas las capas de la población. Lo grave es que, según reconoce la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, si la crisis se prolonga se producirán mayores dificultades.

 

Por lo tanto, se requieren urgentes programas sociales que impidan que las disposiciones adoptadas para enfrentar la pandemia vulneren aún más el derecho a la alimentación. Esto implica adoptar medidas redistributivas con enfoque de derechos, “para no dejar a nadie atrás”, según se definió en la agenda 2030.

Para ello se requiere promover la transición del sistema alimentario hacia un modelo de producción, distribución y consumo eficiente y justo. En el contexto actual eso quiere decir que hay que fomentar la producción y el consumo local para disminuir el riesgo de interrupciones en la cadena agroalimentaria. Además, se debe estimular la recuperación de la vocación productiva agropecuaria ancestral, promoviendo las huertas caceras y la agricultura urbana.

 

Asimismo, ha de establecerse la producción y el consumo en áreas circunvecinas, lo cual trae beneficios para las economías locales y el pequeño y mediano comercio altamente perjudicados por la crisis. Este tipo de acciones dinamizan el sector alimentario a la vez que se impulsa un proceso productivo que reduce la emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, dado que los productos de proximidad tienen menor huella de carbono.

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Tomarse en serio el fortalecimiento de un sistema alimentario propio implica garantizar la equidad en todos los eslabones de la cadena, desde la producción al consumo, pasando por la transformación , la distribución y la
comercialización. Impulsar la producción y el consumo local también implica adoptar el concepto de soberanía alimentaria al igual que promover la producción agro ecológica como objetivo prioritario, apostando por una producción agropecuaria más territorializada y de menor impacto ambiental. Ello supone trazar estrategias para apoyar a los pequeños y medianos productores y productoras, incluyendo medidas económicas y fiscales que les permitan mantener sus actividades.

 

En conclusión, la crisis del COVID-19 deja al descubierto el papel fundamental que desempeña el sector agroalimentario propio para la vida del país, por lo cual hay que promover y apoyar todas las iniciativas encaminadas a fortalecerlo.

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Por Carlos Olaya (Docente)